En el contexto del juicio por YPF en Estados Unidos, el Gobierno argentino utilizó un reciente fallo en su contra para contrarrestar las exigencias de Burford Capital. Este fondo de inversión, que obtuvo en primera instancia el derecho a reclamar casi USD 17.000 millones, enfrenta ahora un nuevo desafío judicial presentado por Argentina para preservar tanto el control como las acciones de la petrolera estatal.
El conflicto legal entre Argentina y Burford Capital por la expropiación de YPF tomó un giro significativo en los tribunales de Estados Unidos. La reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que confirmó el embargo de activos soberanos de Argentina, se está utilizando ahora por el Gobierno para desafiar las demandas de Burford. Esta medida se enmarca dentro de una serie de maniobras legales destinadas a proteger las acciones de YPF y evitar un pago de USD 17.000 millones que, de concretarse, sería impagable para el país.
Burford Capital, que adquirió los derechos para litigar el caso, solicitó varias medidas contra Argentina, incluyendo el embargamiento de bienes y la inclusión de YPF en la causa. La compañía también busca que se transfiera el 51% de las acciones de la petrolera que el Estado argentino aún posee. A pesar de los intentos de Burford por negociar o cobrar la deuda, el gobierno argentino sigue luchando en los tribunales para evitar un desenlace financiero devastador.
La estrategia del gobierno argentino incluye utilizar el reciente fallo adverso en otro caso para argumentar que no se deben realizar los pagos exigidos. Esta estrategia se basa en una reciente decisión de la Corte de Apelaciones que rechazó una apelación argentina en el caso de los holdouts de 2001, permitiendo el embargo de activos. El gobierno espera que estos precedentes influyan en el resultado del litigio actual sobre la expropiación de YPF.
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