El Gobierno venezolano anunció la liberación de un número significativo de presos políticos, en una decisión que vuelve a poner el foco en la situación institucional del país y en las demandas históricas por derechos humanos.

El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, quien presentó la medida como parte de una estrategia orientada a la “convivencia política” y la estabilidad social en un contexto de fuerte desgaste interno.

La liberación se produce luego de años de denuncias de detenciones arbitrarias, persecución a dirigentes opositores y restricciones a la participación política, lo que convirtió a los presos políticos en uno de los principales ejes de conflicto del país.

Desde sectores opositores y organizaciones de derechos humanos, la decisión fue recibida con cautela: si bien valoran el gesto, advierten que se trata de un paso insuficiente si no se avanza en una revisión integral del sistema judicial.

El escenario actual abre interrogantes sobre si esta medida responde a presiones internacionales, negociaciones políticas internas o a un intento de recomposición de legitimidad frente a una sociedad profundamente fragmentada.

En ese marco, la liberación de presos políticos aparece más como un punto de partida que como una solución definitiva a una crisis que combina factores políticos, económicos e institucionales.