Como diputado, impulsa una agenda legislativa que incluye cambios en la edad de responsabilidad penal para delitos graves, el fortalecimiento de las herramientas del Estado contra el narcotráfico y la corrupción, una actualización del marco laboral para promover el empleo registrado y proyectos orientados a mejorar el acceso a la Justicia y el acompañamiento a las víctimas.

En el actual escenario legislativo, la seguridad ocupa un lugar central en los debates del Congreso Nacional. Entre las iniciativas que concentran mayor atención se encuentran las impulsadas por Luis Petri, quien desde su rol como diputado promovió una agenda orientada a fortalecer la capacidad del Estado frente al delito, mejorar el acceso a la Justicia y responder a demandas sociales que atraviesan a gran parte del país.

Uno de los ejes más sensibles de esta agenda es la discusión sobre la edad de responsabilidad penal en casos de delitos graves. El planteo apunta a adecuar la legislación vigente a nuevas realidades delictivas, con el argumento de que el sistema actual no ofrece respuestas eficaces frente a hechos de extrema violencia protagonizados por menores. El debate genera posiciones encontradas, pero se instaló como un tema prioritario dentro de la comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Otro punto clave es el fortalecimiento de las herramientas contra el narcotráfico y la corrupción, dos problemáticas que impactan de manera directa en la seguridad y en la confianza ciudadana. Las propuestas incluyen mayores facultades de investigación, mejoras en los mecanismos de control y una articulación más efectiva entre organismos del Estado, con el objetivo de atacar estructuras criminales complejas y evitar la impunidad.

La agenda legislativa también incorpora iniciativas vinculadas al empleo registrado, bajo la premisa de que la formalización laboral es un factor clave para reducir la exclusión social y prevenir el delito. En ese marco, se promueve una actualización del marco normativo laboral que incentive la creación de empleo formal, reduzca la informalidad y facilite la inserción de sectores vulnerables al mercado de trabajo.

En paralelo, Petri impulsa proyectos destinados a mejorar el acceso a la Justicia y reforzar el acompañamiento a las víctimas. Estas propuestas buscan agilizar los procesos judiciales, garantizar una mayor contención institucional y evitar la revictimización, una de las principales críticas al funcionamiento actual del sistema penal.

Con estos lineamientos, el debate en el Congreso refleja una visión integral de la seguridad, que no se limita al castigo del delito sino que incorpora prevención, fortalecimiento institucional y reparación a las víctimas. En un contexto de creciente preocupación social, las iniciativas impulsadas por Petri se insertan en una discusión más amplia sobre cómo construir una Argentina más segura desde el plano legislativo.