El mendocino, diputado por La Libertad Avanza, exige que se apruebe la reforma de dicha ley, la cual implicaría endurecer las penas para delitos graves cometidos por menores y agilizar la intervención del Estado para prevenir hechos de violencia antes de que ocurran víctimas.

El eje central de la reforma impulsada por el oficialismo, y respaldada por Petri, es bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años en casos de delitos graves, lo que permitiría procesar y sancionar penalmente a adolescentes que cometan crímenes violentos. Para el diputado mendocino, esta modificación no solo busca castigar conductas delictivas, sino también agilizar la intervención del Estado para prevenir hechos de violencia antes de que se concreten víctimas. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados y generó una fuerte reacción tanto a favor como en contra.

Petri argumentó en varios medios que la legislación actual no solo “fracasa” cuando menores empuñan un arma, sino que además genera un sentido de impunidad al no poder aplicar penas proporcionales a la gravedad de ciertos hechos. Desde su punto de vista, hay adolescente que “entienden la gravedad” de sus actos y, bajo el régimen vigente, pueden eludir consecuencias más duras, lo que a su juicio debilita la percepción de justicia en la sociedad.

El debate por la reforma penal juvenil se da en un contexto más amplio de políticas de seguridad promovidas por el Gobierno nacional y sus aliados, como la reciente aprobación en el Senado de un proyecto que también reduce la edad de imputabilidad penal para algunos casos. Esta orientación, calificada por el oficialismo como una postura de “mano dura”, ha generado también críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos, que advierten sobre los riesgos de criminalizar más tempranamente a adolescentes.

Petri insistió en que el objetivo fundamental de la reforma no es castigar por castigar, sino garantizar mayor protección a la sociedad y fortalecer el rol del Estado en la prevención del delito. Para él, la actualización de la ley penal juvenil es “absolutamente necesaria” para terminar con la impunidad en delitos graves y dar respuestas más eficaces cuando hay menores implicados. Ancora, el debate continuará en el Congreso, donde sectores opositores plantean alternativas basadas en políticas sociales y educativas más profundas.