Un relevamiento privado reveló las marcadas disparidades en las partidas parlamentarias del país, exponiendo que la jurisdicción mendocina concentra casi la totalidad de su asignación presupuestaria en el pago de haberes.

Según un informe elaborado por la Fundación Libertad sobre las partidas de 2026, las provincias argentinas erogan un promedio anual superior a los 1.500 millones de pesos por cada legislador en sus respectivos parlamentos. El estudio analizó la composición interna de estas partidas operativas y determinó que, a nivel general, alrededor del 84% de las erogaciones legislativas se encauzan al financiamiento de recursos humanos, abarcando sueldos de representantes, asesores y personal operativo.

En este marco, la provincia administrada por Alfredo Cornejo quedó ubicada en los puestos de vanguardia del ranking nacional en términos de rigidez presupuestaria. Mendoza destina un 94% de sus fondos legislativos de manera exclusiva al pago de salarios, compartiendo ese tramo superior junto a Río Negro (95%), Formosa (94,2%) y Santa Cruz (94%).

Los datos reflejan el fuerte peso financiero que representan los planteles de trabajadores y colaboradores permanentes y transitorios dentro de las legislaturas provinciales. Aunque las provincias del norte lideran en términos de erogación absoluta por parlamentario, los guarismos mendocinos encendieron las alarmas por la escasa disponibilidad de margen fiscal para otros gastos operativos o de infraestructura fuera de la plantilla de personal.