La Justicia cerró la causa tras más de un año de investigación al no encontrar pruebas suficientes para sostener la acusación.

Después de permanecer imputado e incluso detenido, Eduardo Bazán fue sobreseído en la causa por la triple amenaza de bomba al Centro Cívico de San Juan. El vendedor ambulante había sido acusado por intimidación y perturbación pública, en concurso ideal con coacción y hostigamiento, pero la fiscalía concluyó que no existían elementos firmes para llevarlo a juicio.

La investigación se originó a partir de tres llamados al 911 que alertaban sobre la supuesta colocación de explosivos. Si bien inicialmente se vinculó el número telefónico al imputado, no se logró secuestrar el celular ni el chip desde donde se habrían realizado las comunicaciones, lo que impidió realizar pericias determinantes. Además, los informes de geolocalización indicaban que las llamadas se efectuaron en inmediaciones de Tribunales, mientras Bazán trabajaba en otra zona de la ciudad.

Ante la falta de pruebas concluyentes, la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica, solicitó el sobreseimiento, que fue concedido por el juez Juan Gabriel Meglioli. En la misma resolución se dejó sin efecto la denuncia por presunto hostigamiento presentada por una vecina, quedando el acusado completamente desvinculado del caso.