La iniciativa apunta a reformar la normativa vigente para garantizar tratamientos e internaciones en casos de adicciones y trastornos graves, e incorporar el acompañamiento al entorno familiar. En ese marco, el diputado mendocino afirmó: “Debemos incorporar una nueva norma que trate a pacientes y acompañe a las familias que estuvieron abandonadas y desprotegidas por años”.
La iniciativa propone modificaciones a la normativa vigente —la Ley de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010— con el objetivo de actualizar criterios de atención, especialmente en casos en los que los pacientes presentan cuadros de riesgo, consumo problemático de sustancias o situaciones que requieren internación y seguimiento intensivo. Desde el espacio político que promueve el proyecto se plantea la necesidad de revisar los mecanismos actuales para garantizar respuestas más ágiles y efectivas del sistema de salud.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación explícita del entorno familiar en el proceso de tratamiento, contemplando dispositivos de acompañamiento y contención para los allegados de personas que atraviesan cuadros complejos de salud mental o adicciones. Según expresaron sus impulsores, la intención es corregir lo que consideran vacíos en el esquema actual de asistencia, que en algunos casos deja a las familias sin herramientas suficientes para afrontar situaciones críticas.
En ese marco, Luis Petri sostuvo que la reforma busca “incorporar una nueva norma que trate a pacientes y acompañe a las familias que estuvieron abandonadas y desprotegidas por años”, en referencia a la necesidad de actualizar el enfoque vigente en materia de salud mental.
El proyecto se enmarca dentro de una agenda más amplia del oficialismo en materia de reformas estructurales, donde la salud mental aparece como uno de los ejes de debate legislativo, especialmente en torno al equilibrio entre derechos del paciente, capacidad del sistema sanitario y respuesta ante situaciones de crisis.
Por su parte, Javier Milei acompaña la iniciativa en el marco de su estrategia de revisión integral del sistema normativo, mientras el texto avanza hacia su discusión en el ámbito legislativo, donde deberá atravesar el correspondiente tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto.








