La inversión prevista para una iniciativa de cobre volvió a poner en el centro un histórico conflicto limítrofe. Ambas provincias aprobaron leyes y aumentó la tensión entre sus gobiernos.

Un proyecto de cobre con una inversión inicial de US$18.000 millones reactivó la histórica disputa territorial entre La Rioja y San Juan. En los últimos días, ambas provincias sancionaron normas vinculadas al desarrollo de la actividad minera, mientras creció el cruce de declaraciones entre funcionarios de los gobiernos de Ricardo Quintela y Marcelo Orrego.

El conflicto tiene origen en un territorio transferido a San Juan en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuya validez es cuestionada por La Rioja. En ese sector se prevé desarrollar el nuevo emprendimiento minero, motivo por el cual el gobernador Quintela promulgó una ley que rechaza los límites establecidos en aquella época y ratifica el reclamo territorial de la provincia.

Como respuesta, San Juan defendió la aprobación de su Ley de Desarrollo Local Minero, destinada a impulsar el empleo y la participación de empresas locales en la actividad. La controversia también derivó en fuertes cruces entre funcionarios de ambas administraciones, que profundizaron la tensión por el control de la zona en disputa.